par Massoumeh Raouf
Mientras la atención internacional sigue centrada en las tensiones geopolíticas y los conflictos regionales, el régimen iraní continúa, en la sombra, una política de represión de una brutalidad implacable. Aprovechando este contexto, las autoridades aceleran los procesos judiciales contra los manifestantes detenidos durante el levantamiento de enero de 2026, utilizando la justicia como instrumento para eliminar toda forma de oposición.
Un sistema judicial al servicio de la represión
El 19 de marzo de 2026, en la víspera de Noruz —el año nuevo iraní—, tres detenidos arrestados durante las protestas de enero fueron ejecutados en Qom, centro religioso del poder iraní:
- Mehdi Ghassemi
- Saleh Mohammadi
- Saeed Davoudi
Detrás de las acusaciones oficiales se esconde una realidad distinta: vidas truncadas brutalmente y procesos judiciales profundamente cuestionables. Entre las víctimas, Saleh Mohammadi, de 19 años, era un prometedor luchador, miembro del equipo nacional iraní y ganador de varias medallas. Apenas ocho días después de cumplir veinte años, fue ahorcado sin que su familia fuera informada ni tuviera la oportunidad de despedirse.
En su último encuentro con sus seres queridos, habló de sus planes: volver a entrenar, competir y aspirar a los Juegos Olímpicos. Solo había pedido a su familia que le llevara ropa nueva para el Año Nuevo. Días después, fue ejecutado.
Mehdi Ghassemi y Saeed Davoudi compartían historias similares. Los tres habían participado en las manifestaciones en medio de un movimiento popular contra la injusticia. Eran jóvenes comprometidos, no criminales, pese a la versión presentada por las autoridades iraníes. La justicia del régimen los acusó de moharebeh (enemistad contra Dios) y del asesinato de dos agentes de seguridad durante las protestas del 8 de enero. Sin embargo, según diversas fuentes, no se presentó ninguna prueba material convincente, y algunos datos contradictorios ponen en duda la versión oficial.
En el caso de Saleh Mohammadi, se documentaron graves violaciones de derechos humanos: detención arbitraria, tortura física y psicológica, y obtención de confesiones bajo coacción. Lesionado antes de su arresto, fue sometido a abusos dirigidos a sus zonas afectadas. Sin acceso real a una defensa independiente y bajo presión constante, fue condenado en base a declaraciones forzadas, más tarde emitidas por la televisión estatal.
La rapidez del proceso también genera sospechas. En menos de dos meses y medio se completó el juicio y la ejecución, una celeridad que muchos observadores califican como una parodia de justicia incompatible con los estándares mínimos de un juicio justo. Las autoridades afirmaron que las ejecuciones se realizaron “en presencia de un grupo de personas”, una fórmula que, en el contexto iraní, suele utilizarse para dar carácter ejemplarizante al castigo y advertir contra futuras protestas.
Represión creciente contra menores
Más allá de estas tres ejecuciones, varios casos recientes evidencian una tendencia alarmante: el aumento de las condenas a muerte contra menores en Irán. Entre ellos figuran:
- Mohammad Hossein Shokri, de 16 años
- Taha Alimirzaei, de 17 años
- Ahoura Safayi Rad, de 16 años
Todos ellos se encuentran en riesgo inminente de ejecución. También circulan en redes sociales los nombres de Melika Azizi y Diana Taherabadi, ambas de 16 años, cuyas condenas han sido confirmadas.
Massoumeh Raouf — autora, exprisionera política y periodista
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